Mundo Esquizofrénico II

Existen muchas otras contradicciones y no se limitan a las cosas más mundanas. De hecho, la mayoría son consecuencia de la propia configuración del mundo a nivel macro. Los países desarrollados (o países del Norte, antes denominados Occidente) han reconfigurado el mundo de la post-Guerra Fría de modo que favorezca a sus perversos intereses. Y lo han hecho a través de la difusión de su credo: libre comercio, derechos humanos y democracia. No obstante, estos principios no han sido asumidos por sus propios inspiradores, sino que se ha instado a los países en vías de desarrollo a interiorizarlos. De ese modo, es como los países ricos, anclados en políticas proteccionistas, déspotas y totalitarias, han podido re-colonizar los países del Sur, esta vez sin necesidad de invadir físicamente sus fronteras.

Así pues, la primera de esta triada de contradicciones es la que concierne a la dicotomía proteccionismo-libre comercio. El objetivo de los países del Norte tras el proceso de descolonización ha sido conservar los privilegios de la metrópolis. Al percibir que la vía del control territorial directo sobre las colonias se había agotado, comprendieron que la supervivencia del sistema del pulpo (un centro poderoso abasteciéndose de la periferia) pasaba por centrarse en la dominación económica. Para ello, era necesario que los nuevos Estados adoptaran el libre comercio como su principal doctrina económica. En otras palabras, el objetivo era que los países del Sur asumieran que lo mejor para su economía era abrir sus fronteras a los productos del Norte, porque el intercambio mutuo de bienes genera bienestar y desarrollo para ambos. Esto sería cierto si no fuera porque la historia económica evidencia que los países del Norte, los mismos que ondean la bandera del libre comercio, han hecho del proteccionismo la piedra angular de su sistema. De hecho, hay vastos ejemplos de ello.
La Unión Europea goza de un sistema de subvenciones agrícolas reguladas por la PAC (Política Agraria Común). A través de estas subvenciones, los agricultores europeos protegen sus productos de la competencia desleal que, según ellos, generaría la introducción de bienes agrícolas más baratos procedentes de los países del Sur. Al copar la demanda agrícola europea con productos subvencionados y producidos dentro de la UE, limitan el acceso de los productos de los países del Sur, rompiendo con el librecambismo que debería llevar a la prosperidad mutua. Pero eso no es todo: la enorme cuantía de las subvenciones genera excedente, que no se tira, sino que se vende a bajo coste en los países en vías de desarrollo, con lo cual, la PAC no solo limita la capacidad de los agricultores sureños de exportar hacia la UE, además, les desbanca de los mercados nacionales de sus propios países. La consecuencia de todo esto es el ensanchamiento de la brecha Norte-Sur. En otras palabras: más miseria, más hambre y más muertes inocentes.
Pero si hay una estrategia proteccionista que ha sido asumida por todos los países ricos para prosperar a costa del expolio a los países del Sur y a sus propios ciudadanos (vía impuestos), es el incremento de la partida presupuestaria de Defensa. El artífice de esta estrategia fue EEUU tras la Segunda Guerra Mundial. La irrupción de la Guerra Fría, hoy vista en perspectiva, puede atribuirse más a intereses económicos que a la confrontación ideológica entre dos bloques. EEUU generó una cultura del miedo al comunismo soviético que le permitió incrementar sus presupuestos militares bajo la hipótesis de un posible e inminente ataque enemigo. Tras la caída del Muro, hemos podido observar como esta cultura del miedo sigue funcionando, esta vez centrada en el terrorismo islamista y los países que lo acogen (el Eje del Mal).
De ese modo, el sistema del Pentágono – incluyendo la NASA y el Departamento de Energía – se convirtió en el principal impulsor del sector empresarial estadounidense, a través de grandes subvenciones estatales. Subvenciones que permitieron el desarrollo de determinados sectores de la industria norteamericana a través de políticas proteccionistas. Un proteccionismo que, contra la creencia común, fue más exacerbado durante el periodo (supuestamente) neoliberal de Reagan y su guerra de las galaxias. El incremento en gasto militar durante este periodo se vendió al contribuyente como la necesaria partida de defensa en un contexto hostil pero, en realidad, no fue más que un incentivo al desarrollo de la comunidad empresarial estadounidense. Sin estas medidas proteccionistas, hoy no existiría una industria de acero automovilístico en EEUU, pues habría sido copada por la competencia japonesa. Del mismo modo, no se habría desarrollado la industria de computadoras avanzadas y microchips, uno de los motores del crecimiento de la economía norteamericana durante los 90. Así fue como Reagan se convirtió en el estadista que más limitó las importaciones de EEUU (un 23%: más que todos sus predecesores juntos) liberando a las empresas norteamericanas de la competencia japonesa y europea. Por tanto, puede afirmarse, sin ningún pudor, que Reagan ha sido el presidente más proteccionista de toda la historia de EEUU.
Aunque el pionero del proteccionismo militar fue EEUU, su discípulo más aventajado, la UE, está siguiendo sus pasos a través de la reunificación de la industria armamentística de todos los países miembros para la consecución de proyectos comunes de defensa. El ejemplo más evidente es la construcción del avión de combate europeo Eurofighter, impulsado por diversos países miembros (entre ellos España) y al que se destinan grandes partidas del presupuesto de Defensa. Tal y como ocurría con el sistema del Pentágono, estos proyectos comunes no son más que una tapadera para impulsar determinados sectores industriales europeos, especialmente los relacionados con la energía y la alta tecnología.

Por tanto, el mito del libre comercio nos acerca de nuevo a ese mundo esquizofrénico que se mueve en dos direcciones distintas: protección estatal y subsidio público para los ricos y disciplina de mercado para los pobres.

Mundo Esquizofrénico I

Desde hace algo más de tres años, al entrar en la fábrica en la que trabajo, me encuentro de frente con un gran cartel azul en el que pone en letras blancas: sin calidad no hay futuro, orden + limpieza = calidad. Lo primero que a uno le transmite un mensaje así es la necesidad de ser pulcro y cabal en el puesto de trabajo. En el fondo, no es más que una llamada a la disciplina empresarial a la que deben someterse los operarios. Según nos dicen, hacer un trabajo de calidad es necesario para asegurar el futuro (especialmente el futuro laboral del empleado). Producir correctamente, en cantidad y calidad, obedecer sin rechistar y no salirse de la pauta marcada son, por tanto, las aptitudes que se esperan del operario dentro de la empresa. Resulta un tanto paradójico que, al salir de la fábrica ocho horas después, me cruce con una docena de vallas publicitarias que me incitan a olvidarme de esa disciplina y a comprar de manera compulsiva e irracional, el nuevo Seat Ibiza, el pack PS3 con Sony Bravia o una semana en Marruecos (todo incluido) con Viajes Marsans. De hecho, algunas empresas han hecho negocio de esta filosofía de vida inspirada en el carpe diem consumista. Un ejemplo de ello lo encuentro unos metros más adelante en una de las vallas publicitarias en la que Cofidis me asegura que puede darme hasta 3000 euros en 24 horas, con solo hacer una llamada. Increíble pero cierto. Puedo consumir aquí y ahora, sin esperar a las pagas extraordinarias de diciembre y junio y sin hacer demasiadas cábalas sobre mi economía doméstica. No obstante, cuando vuelva al trabajo tras mis idílicas vacaciones en Marrakech, me encontraré de nuevo con el odioso cartel azul en la pared y, tras él, con la dura disciplina laboral, a la que deberé someterme si quiero devolver el crédito express (y su alto interés) antes de que las vallas publicitarias surtan efecto y me vea, de nuevo, arrastrado por la fiebre consumista.
Disciplina laboral y anarquía del consumo conforman solo una de las múltiples contradicciones de este mundo esquizofrénico. Un mundo en el que ya no somos capaces de distinguir la cínica realidad de los poderosos de la ilusión óptica que han creado para mantenernos sometidos.

14 de abril, preguntas pendientes

Hoy, 14 de abril de 2008, hace 77 años que se proclamó la II República española. Hoy, sería fiesta nacional si la insurrección franquista no hubiera truncado el proyecto político más avanzado de la historia de España. Hoy, más de siete décadas después del estallido de la Guerra Civil, algunos de los conflictos que dividieron la sociedad española en dos bandos (las dos Españas), siguen vigentes.
La transición a la democracia pretendió ser un punto de inflexión en la historia de España. Al menos así es como nos la han vendido: como un proceso de reconciliación de la sociedad española. La piedra angular de la transición fue el consenso de todas las fuerzas políticas, el requisito mínimo para garantizar un cambio de régimen estable. Sin embargo, algunos de los debates que deberían haber sido trasladados a la sociedad civil fueron decididos unilateralmente por la élite política. La consecuencia ha sido que la estructura del sistema político español ha quedado irresuelta, y muchos de los problemas tradicionales siguen formando parte de la agenda. Así pues, las incongruencias del proceso de transición fueron básicamente dos:

1. El nuevo sistema se construyó sobre los cimientos de un régimen carente de libertad, que llegó al poder aplastando la libre voluntad ciudadana expresada en las urnas.

2. La transición a la democracia se hizo desde arriba, con lo cual, la élite franquista pudo negociar el nuevo sistema político desde una posición de fuerza de modo que se garantizara la continuidad de algunos de sus privilegios.

De estos dos hechos causales se derivan dos de los grandes problemas estructurales del actual sistema político español:

1. El déficit democrático que genera el hecho de no haber podido decidir directamente que forma de gobierno queremos.

2. El ineficiente sistema de organización territorial del Estado: semifederal en el papel y centralista en la praxis.

Respecto al primer problema, muchos monárquicos convencidos y agnósticos juancarlistas profetas del “mejor malo conocido que bueno por conocer”, afirman que no existe tal déficit, que los españoles decidieron la forma de gobierno al votar afirmativamente en el referéndum constitucional de 1978. Sin embargo, eso no fue más que un falso trueque, una jugada sucia de los conductores de la transición, que nos dieron duros a cuatro pesetas. La lógica fue impositiva: si queréis un sistema democrático, con reconocimiento de derechos y libertades, deberéis aceptar la monarquía como forma de gobierno. Si no queréis monarquía, tampoco tendréis democracia. La vía a escoger ante tal disyuntiva parecía bastante clara, más cuando partidos de todos los colores se encargaron de advertir las nefastas consecuencias que podía tener para el cambio de régimen un atisbo de disensión. Por tanto, con más o menos reticencias, la España “democrática” se instauró como Reino con el voto afirmativo del 87% de los españoles. Para nada se tuvo en cuenta que la España pre-franquista fuera republicana por voluntad popular; ni que la nueva democracia, para ser legítima, debía de contar con la opinión de la ciudadanía en temas tan trascendentales como la forma de gobierno.
Aunque, como he dicho, este es uno de los problemas más evidentes de la incompleta democracia española, en la actualidad, ha desaparecido del debate público. De ello se ha encargado, por un lado, la historia: el 23-F reforzó la posición de la Corona bajo la figura del rey Juan Carlos I (no entraré aquí en teorías conspirativas acerca de ese tema); y, por otro lado, los medios. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental (nunca neutral) en la opinión que los españoles tienen sobre la Corona. La prensa generalista ha exaltado las funciones políticas de los Reyes: su “excelente” trabajo como representantes de España en el exterior, su importancia como icono de la unidad española y su relevante papel en la estabilidad del sistema democrático. Sin embargo, la mayor parte del mérito es cosa de la prensa del corazón. Resultaría difícil calcular cuantos apoyos se ha ganado la monarquía a través de las revistas ¡HOLA!, Pronto o Semana bajo los secadores de pelo de las peluquerías o en las salas de espera de las clínicas dentales, pero es evidente que no han sido pocos. 30 años bombardeándonos con el buen hacer político y personal de la Familia Real han surtido efecto y han provocado que el debate sobre la forma de gobierno desaparezca de la agenda pública. En esta situación, si consiguiéramos convocar un referéndum sobre la forma de gobierno, es muy probable que viéramos una aplastante mayoría a favor de la monarquía. Desgraciadamente, este país sigue rigiéndose por la premisa de “nazca mi hijo varón, aunque sea ladrón”, es decir, aquí lo único que importa es si el Rey es o no es campechano, y no tanto si es válido o no para ejercer sus funciones. Todo el debate queda reducido a una cuestión de empatía y no de razonamiento crítico sobre la idoneidad de cada forma de gobierno.
El segundo problema, la organización territorial del Estado, es, por el contrario, uno de los debates que siguen formando parte de la agenda política actual. Durante la transición, tras 40 años de dictadura franquista con una organización territorial centralista, ciertos sectores se mostraron reticentes a delegar competencias hacia nuevas entidades territoriales autónomas. Todo ello, alegando los viejos fantasmas del cantonalismo y la máxima de Calvo Sotelo “España antes roja que rota”. Del conflicto entre centralistas y federalistas, surgió un nuevo modelo, un híbrido, al que se denominó Estado de las Autonomías. Este nuevo sistema de descentralización vertical del poder pretendía resolver el conflicto con las “nacionalidades” históricas mediante la delegación de competencias y, a su vez, crear un modo de organización política más eficiente. No obstante, los respectivos Gobiernos democráticos han sido reacios a avanzar hacía el federalismo y se han aferrado al centralismo con cierto grado de dirigismo administrativo. Y el conflicto no es solo competencial, sino también de reconocimiento de autonomía real. Mientras el tirón electoral de unos y otros siga basándose en su posicionamiento respecto al cleavage centralismo/federalismo el tema seguirá en primera línea de debate, evidenciando la débil e irresuelta estructura del sistema político español.
A menudo se acusa a los republicanos de vivir anclados en el pasado, en el recuerdo idealizado de un proyecto político que tenía más vicios que virtudes. Es cierto (al menos en parte) que la experiencia republicana fue un desastre en muchos aspectos: el cantonalismo, la polarización y la radicalización política, la inestabilidad de los ejecutivos y otras hierbas. Sin embargo, esto no enturbia los aspectos positivos del proyecto político de la II República que elevó a España como uno de los países más modernos de Europa en cuanto a sistema educativo, sufragio universal masculino y femenino, constitucionalización de derechos político-sociales o protección social. La idealización de aquel sistema es fruto del anhelo frustrado de recuperar todos estos elementos positivos que la dictadura franquista prohibió durante 40 años. El problema es que en la actualidad se tacha de utópico e idealista a aquél que defiende la República como forma de gobierno y el federalismo como modo de organización territorial del Estado. Quizá si España asumiera estos dos principios y se organizara como una república federal, quedarían resueltos los dos conflictos históricos que han impedido que su estructura política quede totalmente definida. Si hasta ahora no se han econtrando soluciones es porque ni siquiera se han planteado las cuestiones pertinentes. Se ha optado por enterrar un debate que es clave para el buen funcionamiento de la democracia. Y así estamos, carentes de respuestas y con preguntas pendientes.

Feliz fiesta nacional usurpada

En un país donde los ciegos gobiernan a los tuertos,
mi frase preferida es: “Españoles… Franco ha muerto”.
Muerto y no va a volver; que vuelva si puede
y nos devuelva los 40 años que nos debe.

Juaninacka. España, Sevilla y yo. Luces de neon.

PAX AMERICANA

Maquiavelo nos dice que hay tres formas de conquistar un nuevo Estado: a) por medio de crímenes; b) con armas ajenas y por la fortuna; c) con las armas propias y por la virtud. Según afirma, las tres son vías lícitas para llegar al poder. Las dos primeras permiten un ascenso al trono relativamente rápido: mediante un golpe de Estado, apoyándose en fuerzas mercenarias o a través de la compra de influencias. Sin embargo, el que accede al poder mediante estos mecanismos necesitará grandes dotes de virtuosismo para mantenerse. En la mayoría de los casos, los dirigentes se verán abocados a ejercer una excesiva coerción para mantener la estabilidad, lo que erosionará la legitimidad de su gobierno. En palabras de Maquiavelo, la vía preferible para acceder al gobierno de un nuevo Estado es a través de las armas propias y por la virtud. Ésta es posiblemente la vía de acceso más difícil, pero la que garantiza una mayor estabilidad de gestión. Aquel que asciende al poder mediante sus propias armas genera fidelidades entre los suyos y gracias a sus dotes de buen gobernante (a su virtud), se dota de legitimidad a uno y otro bando. Sin embargo, la virtud no garantiza el triunfo por si sola, requiere de la oportunidad, es decir, de un contexto favorable. Esta teoría es perfectamente aplicable a la política exterior norteamericana de los últimos cincuenta años. Considerando el mundo occidental como el nuevo Estado a conquistar y a EEUU como el príncipe que aspira a ello, podemos encontrar analogías entre la teoría y la realidad.
El fin de la Segunda Guerra Mundial generó un vacío de poder en el sistema internacional debido a la caída de las antiguas potencias europeas. En este contexto, EEUU vislumbró su oportunidad, la posibilidad dictaminar las reglas de juego a nivel mundial. Pero ¿gozaba de armas propias y de virtud? EEUU fue el país que salió mejor parado de todos los que intervinieron en la guerra. Tenía un ejército intacto, una economía próspera (gracias a que había sido el máximo exportador de armamento durante el conflicto) y un gobierno sólido. Por tanto, tenía los recursos necesarios. Su potencial económico, político y militar le dotó de poder estructural. Elaboró junto a los vencedores los armisticios de paz y se elevó, junto a la URSS, como superpotencia mundial. Configuró el mundo occidental de modo que favoreciera a sus intereses y perpetuara su hegemonía. Así fue como creo el sistema económico occidental (Bretton Woods) y sus alianzas políticas (NNUU) y militares (OTAN). Sin embargo, EEUU enfocó su política exterior de un modo distinto a cómo lo hicieron los rusos. Articuló su estrategia en base a la virtud maquiavélica:

[…] El príncipe debe ser temido pero evitar ser odiado. ¿Cómo puede evitar ser odiado? Debe guardarse de reproches y procurar ser considerado grande, valeroso y firme. Esto le otorga gran reputación. Un príncipe con reputación se haya seguro tanto interna como externamente. Porque el príncipe debe guardarse de estas dos amenazas: la interior y la exterior. La exterior la controlará con buenas armas y buenos aliados, que le otorgaran respeto y miedo ante el posible atacante. Para garantizar su poder en el interior debe gozar del favor de sus súbditos y éste lo conseguirá no haciéndose odioso o despreciable. De esta manera evitará conjuras y complots, porque aunque siempre habrá instigadores, éstos no encontrarán apoyos suficientes en un pueblo satisfecho con el príncipe […].

La hegemonía militar provocaba que fuera temido tanto interna como externamente, pero los estrategas estadounidenses comprendieron que eso no garantizaba la estabilidad del sistema. Además, debían procurar no ser odiados. Para ello, era preciso basar su política interior (la de su glacis) en el soft power. EEUU no debía imponer, debía convencer. EEUU no quería ser temido dentro de su órbita, quería ser amado, venerado, en definitiva, quería ser imitado. Como si de un hermano mayor se tratara, pretendía ser el referente dentro de su órbita, porque de ese modo garantizaba que no se crearan reacciones internas y, a su vez, se mostraba atractivo a los ojos de los países que estaban en la órbita soviética, sometidos a las directrices coercitivas de Moscú. El principal error de la URSS fue, precisamente, basar su gobierno interno y externo en la amenaza militar y la imposición jerárquica (hard power). Esto generó odios dentro y fuera que llevó a la polarización del mundo y al progresivo resquebrajamiento del glacis soviético.
El control de la revolución mediática y tecnológica iniciada en los años 60 permitió a EEUU divulgar su credo (capitalismo y “democracia”) por todo el mundo. Durante la década de los 80 asistimos a los años dorados de las empresas transnacionales norteamericanas, cuyos productos consiguieron traspasar incluso las barreras ideológicas que habían dividido el mundo durante décadas. ¿Cómo lo hicieron? Gracias a la publicidad. Los conglomerados mediáticos, controlados por empresas, se encargaron de crear el deseo de consumo de esos productos bombardeando a la sociedad con spots publicitarios. Y surtió efecto. En los 90 todo el mundo quería calzar zapatillas Nike, comer en McDonalds, beber Coca-Cola y tener en su escritorio un PC con toda la gama de productos Microsoft. Las superproducciones hollywoodienses llenaban las salas multicine de cualquier ciudad del mundo. Aprender inglés empezó a convertirse en un requisito indispensable para andar por el globo. Todos estos nuevos deseos de consumo traían implícita la adoración de una cultura, la imitación de un modo de vida. EEUU sabía que la construcción del Imperio Yankee pasaba, necesariamente, por la homogenización cultural. Debían salir a civilizar al mundo, a liberarlos de la esclavitud de los estados planificadores. Su arma principal: los mass media. Pero si alguno de los pueblos bárbaros oponía demasiada resistencia, siempre tenían a mano casco y fusil para inculcarles libertad y democracia por métodos algo menos ortodoxos. Ya saben, la letra con sangre entra.
No es el caso de España. Aquí no ha sido necesario derramar demasiada sangre para que la élite entienda quien marca las directrices. Tampoco para que la sociedad se adapte a la american way of life. No en vano hemos sido educados en la escuela europea del neoliberalismo hayekiano. Formamos parte de las provincias responsables y leales del Imperio. Basta echar una ojeada a nuestro alrededor para apreciarlo. Observen cuantos productos estadounidenses consumimos, cuántas series de televisión, cuántos cd’s de música, cuántas noticias llevan el sello de las barras y las estrellas. Fíjense cuantos anglicismos utilizamos al hablar. ¡Miren como vamos vestidos! ¿Es tan distinta la rutina de un norteamericano de a pie y la nuestra? Los hábitos de consumo determinan nuestra propia identidad y, con ello, nuestra forma de ver el mundo. Solo así se explica la pasividad ante la americanización del sistema político español.
Las últimas Elecciones Generales han confirmado una tendencia hacia el bipartidismo que venía produciéndose desde la Transición. Por primera vez, PP y PSOE acaparan el 92% de los escaños del Congreso de los Diputados. Los mecenas de la democracia representativa afirman que el mapa político lo dibujan los ciudadanos con sus votos y se corresponde con sus preferencias. Sin embargo, eso no son más que verdades a medias. Quizás deberían hablar de la influencia del sistema electoral español en la distribución de escaños. En lugar de recurrir al catálogo de frases célebres, deberían explicar como una compleja fórmula electoral distorsiona el resultado de modo que los partidos mayoritarios de implantación estatal y los partidos nacionalistas salgan favorecidos en detrimento de los partidos pequeños estatales (como IU). Y ya puestos, que nos expliquen porqué los debates televisivos han sido en formato de 1vs1. ¿Por qué no debates a 6 bandas, entre todos los partidos que formaban grupo parlamentario en el Congreso? Es evidente que el sistema electoral y la cobertura de los medios han tenido una influencia considerable en el resultado de las elecciones. Sin embargo, es más fácil recurrir al simplismo y a la exaltación del buen hacer del pueblo español, así de paso, enaltecemos el patriotismo barato.
La realidad es que nuestra americanizada cosmovisión está favoreciendo la americanización del sistema político. Así es como estamos estableciendo un rígido bipartidismo de alternancia en el poder que apesta a Restauración canovista. Es cierto que hoy la democracia está más consolidada que a finales del siglo XIX pero no por ello es más difícil aplicar este modelo; basta con el apoyo de unos caciques más poderosos: los conglomerados mediáticos, los caciques del siglo XXI.
Veremos como le va al Partido Demócrata de Zapatero en la próxima legislatura en la gestión de sus distintos Departamentos de Estado. Estaremos atentos también a qué ocurre con la dirección del Partido Republicano ¿Decidiremos quién será el dirigente republicano en unas primarias que enfrenten a Gallardón y Rajoy? ¿Será el caucus de Fuenlabrada decisivo en la elección? La realidad evidencia que spain ya no is different, sino más de lo mismo. Lástima que lo de mantener una jefatura de Estado hereditaria, parasitaria y anacrónica sea algo tan arraigado en este país y no se decidan a importar el modelo americano. ¡Para una cosa buena que tienen!

2040, conversaciones con mi hijo

Papá, ¿es cierto que no podré ir a la universidad cuando acabe el bachillerato?

Ven hijo, siéntate, te voy a explicar una historia...

Hubo un tiempo en el que casi todos los jóvenes podíamos acceder a la universidad. El único requisito era superar una prueba de nivel a la que llamaban "selectividad" y pagar cada año una matrícula. El gasto de un curso académico, sumando matrícula, material didáctico y transporte, aunque suponía algo más de un mes de sueldo de un trabajador medio, era asequible para la mayoría de nosotros. Eran buenos tiempos aquellos: cualquier chico o chica, independientemente de su nivel de renta familiar, podía acceder a la educación superior, a excepción de algún caso extremo.

¿Por qué era tan bueno que la universidad fuese pública?

Mira hijo, en una sociedad clasista como la nuestra, la educación es el único medio de movilidad social del que disponemos los que estamos en la base del sistema. La extensión de la democracia trajo consigo un valor muy temido por algunos y venerado por otros: la igualdad. En un principio se planteó como igualdad ante la ley. Sus defensores, pronto se percataron de que para hacerla efectiva, debía complementarse con la igualdad de oportunidades. Así es como se universalizó la educación desde la segunda mitad del siglo XX. La idea era simple: los ciudadanos debían tener un nivel de educación suficiente para participar en el juego democrático, es decir, entender los mecanismos de elección de sus representantes y ser capaces de interpretar la información política que reciben.

La idea es perfecta ¿Dónde está el problema?

El problema es cuantitativo ¿Qué nivel de educación deben alcanzar los ciudadanos? ¿Debe permitirse que accedan libremente a la educación superior subvencionados? El Estado como gestor de recursos escasos siempre pone límites. Se acordó que la educación básica fuera obligatoria y gratuita, es decir, totalmente subvencionada. La educación superior se subvencionaría en una determinada proporción. En el tiempo en el que yo estudié esa proporción era el 60%.

Y… ¿Qué pasó para que todo eso cambiara?

Todo fue un proceso gradual, hijo. Los cambios drásticos provocan una fuerte reacción de oposición en la gente, especialmente si lo que se quiere cambiar es un sistema de amplia aceptación social. Bien, sigamos.
Ante estas facilidades los jóvenes empezaron a acceder a la universidad en masa. Esto planteaba un problema para algunos sectores: aquéllos que siempre habían ostentando el monopolio de la cultura y que sabían que la educación en manos de las clases bajas iba a acabar con sus privilegios a través de la movilidad social vertical. El problema es que el acceso a la universidad de las clases bajas cuestionaba su propio sistema de legitimación social.
Al principio la legitimación divina justificaba su posición: unos estaban en la cúspide del sistema y otros en la base porque así lo mandaba Dios. Cuando el racionalismo empezó a acabar con los argumentos divinos, surgieron los ancestrales: sus privilegios quedaban justificados por la tradición, porque “siempre ha sido así”. Por eso, hijo, cuando te encuentres con alguien que se autodefina “conservador” piensa que su ideología se basa en el mantenimiento de algún privilegio heredado.
Como ves, el argumento conservador consiste, igual que el divino, en la fe, en la creencia de que el sistema ha funcionado siempre así, como te dicen los que llegaron antes que tú. Sin embargo, es un argumento mucho más débil porque carece del “miedo” al castigo divino. Pecar pasa a ser algo mucho más mundano, porque lo que se infringe es la ley de los hombres y el castigo no será eterno porque no lo aplica una deidad, sino los simples mortales. Por tanto, los argumentos ancestrales no podían evitar las revoluciones que pretendían cambiar la estructura del sistema y elevar a los que estaban en la base hasta la cúspide. Por eso se hizo necesario recurrir a nuevos mecanismos de legitimación. Así surgió el sistema meritocrático actual.

¿Qué significa meritocrático?

La meritocracia es una forma de gobierno basada en el mérito y la competencia. En nuestra sociedad, el sistema meritocrático no solo se limita a la forma de gobierno, se extiende a toda la estructura social. Si se entiende el mérito como el nivel de educación obtenido, se consigue un argumento poderoso para justificar la posición social. Así, los que están en la cúspide, están allí porque tienen un nivel de conocimientos que les ha permitido desarrollar unas capacidades socialmente valoradas. Para evitar que cualquiera adquiriera esas capacidades libremente, los sistemas burocráticos las articularon en profesiones que sólo podían aprenderse cursando una carrera. Sólo aquellos que habían estudiado una carrera y obtenido el correspondiente título estaban legitimados para desempeñar esas funciones socialmente valoradas que situaban a los individuos en los estratos altos de la estructura social. La universalización de la educación básica y el libre acceso a las universidades públicas iba a acabar con la legitimación meritocrática de la estructura social y, en consecuencia, con los privilegios de los altos estratos.

¿Qué hicieron entonces los privilegiados? ¿Encontraron un nuevo argumento para reestructurar el sistema?

No, hijo. Eso requiere un proceso muy largo que puede durar siglos. Entre una época y otra se da un proceso de transición, de cambio, en el que los impulsores de un nuevo sistema luchan con aquellos que pretenden conservarlo. Lo que hicieron los privilegiados para conservar su condición fue limitar el acceso a la educación de forma progresiva. La necesidad de dotar a los individuos de una educación primaria obligatoria era una idea muy arraigada y de amplia aceptación social. Por ello, resultaba complicado desmontar el sistema educativo desde abajo. Además, como te he dicho antes, los sistemas de democracia representativa y producción capitalista requerían ciertos niveles de educación en los ciudadanos para su supervivencia.
Así pues, lo que importaba a los privilegiados, lo que realmente les preocupaba, era que cualquier ciudadano de a pie pudiera conseguir altos niveles educativos y generar, de ese modo, movilidad social vertical. Por tanto, era necesario atacar el sistema de educación post-obligatoria pública, especialmente, la universidad.

¿Entonces fue cuando privatizaron la universidad?

Si, pero no de la noche a la mañana. Para no provocar grandes reacciones los cambios debían de ser graduales. Y así lo hicieron a lo largo de más de 50 años.
El objetivo final era privatizar las universidades. Para los privilegiados suponía un doble beneficio. En primer lugar, conseguían trasladar la educación universitaria al mercado, con las correspondientes ganancias que esto generaba. Por otro lado, una vez en manos privadas, el acceso a la educación superior podía limitarse fácilmente: aumentando el coste de matrícula hasta hacerlo inalcanzable para las clases bajas. Un plan malévolo que llevaron a cabo sin demasiadas dificultades en un contexto muy favorable en el que gozaron del beneplácito de los gobiernos, enfrascados en políticas de desregulación y privatización y ante la impotencia de los debilitados grupos de presión y protección social. Todo ello tras la crisis económica de la década de los 70, que elevó la ideología neoliberal y el credo del mercado como la única salida posible ante el colapso del sistema anterior.
El proceso gradual de privatización de la universidad se inicio con el establecimiento de una restricción al acceso basada en una prueba cognitiva, es decir, de nivel. A esta prueba se le llamó “Selectividad”, precisamente porque pretendía establecer un filtro, una selección de los más aptos.

Pero papá, no sólo los ricos son aptos. Los pobres podían hacer la prueba y superarla ¿No?

Por supuesto, hijo. Hay pobres más aptos que muchos ricos, afortunadamente la capacidad cognitiva sigue siendo responsabilidad de la madre naturaleza. Lo curioso es que este sistema si funcionaba si se tenía en cuenta otro factor: el progresivo deterioro de la educación obligatoria pública. La educación primaria y secundaria pública fue abandonada a su suerte. Los gobiernos redujeron la inversión en educación y se justificaron a través de la necesidad de aplicar políticas de restricción presupuestaria para salir de la crisis. Con la complicidad de los gobiernos, los poderosos empezaron a meter mano en la educación básica. Crearon escuelas de primaria e institutos de secundaria privados. De este modo, garantizaban que sus hijos crecieran separados de la prole de las clases bajas y recibieran, cheque en mano, una educación más adecuada que la que ofrecían las escuelas públicas. Además, empezó a extenderse la idea de que la educación privada era preferible a la pública, con lo cual quedaban asegurados sus beneficios económicos. Las clases media-baja y baja no tenían, en la mayoría de casos, los recursos para costear una educación básica privada para sus hijos. La única vía era optar por una educación pública cada vez más deteriorada.
Recuerdo que, por aquéllos tiempos, los titulares decían que teníamos la peor educación pública de toda Europa. ¿Ves a donde quiero llegar, hijo? La exclusión de las clases bajas a la educación superior era muy sencilla: si la educación pública en los niveles básicos era deficitaria, se incentivaba la desmotivación que conducía directamente al fracaso y el abandono escolar. Este era el primer filtro que dejaba fuera de las aulas más del 50% de los estudiantes de la educación pública al finalizar la secundaria. El segundo filtro era la selectividad. Superarla suponía un tremendo esfuerzo para los chicos de la educación pública, pues se producía un tremendo desajuste entre los contenidos exigidos y los adquiridos. Aunque consiguieran superar la selectividad, las medias de expediente solían ser bajas. Todo lo contrario pasaba en los niños de colegios privados: aunque ya de por si su nivel educativo solía ser superior, si no conseguían una nota muy buena en la selectividad, se compensaba con sus notas medias de expediente, excesivamente infladas (ya sabes, el que paga es el que manda).
El tercer filtro era la propia carrera universitaria. El desajuste formativo se dejaba sentir especialmente en este estadio. En muchos casos, los estudiantes procedentes de la educación pública básica no alcanzaban el nivel exigido al no estar familiarizados con los procesos de aprendizaje y de estudio, ni con los contenidos que se impartían. Muchos abandonaban la carrera en los primeros dos cursos. Así es como se garantizaba que poco más de un cuarto del total de jóvenes que habían iniciado la educación pública (por lo general, chicos y chicas de clases medias-bajas y bajas) consiguieran su título universitario. La igualdad de oportunidades preconizada desde el Estado murió el día que los gobiernos lanzaron la educación al mercado y la sometieron a sus mecanismos de competición salvaje.

Pero eso no era suficiente ¿Verdad?

No, hijo, no para ellos. Durante años la mayoría de diplomados y licenciados de clases bajas pasaron a engrosar las listas de funcionarios del Estado. Era lógico: la empresa privada no seguía mecanismos igualitarios de acceso, como las oposiciones o los concursos públicos. Los puestos directivos de las empresas privadas estaban reservados a los hijos, primos, sobrinos o hermanos de los altos cargos de las empresas. En la empresa privada el llamado “enchufe” es el mecanismo común de acceso y promoción. Los diplomados y licenciados que venían de la educación pública, reducidos al 25% del total que había iniciado la educación pública básica, tenían dos vías de acceso al mundo laboral. La primera opción era hacerse opositores y luchar por conseguir un puesto en la administración pública. De esta forma tenían la certeza que, salvo excepciones, no entrarían en juego criterios arbitrarios en la selección de los candidatos al puesto. La segunda opción era optar por la empresa privada. Esta opción implicaba mantenerse en puestos bajos y medios en la organización de la empresa pues, como te he dicho, el acceso a los puestos directivos no seguía mecanismos meritocráticos de acceso. Esto daba lugar a la sobrecualificación y el desajuste formativo. Estos diplomados y licenciados desempeñaban, en su mayoría, trabajos para los que se requería una titulación de rango inferior a la suya.
Por tanto, la opción más común era opositar. A la larga esto planteó un problema para los ricos capitalistas: el número de funcionarios fue in crescendo así como las funciones estatales para la resolución de nuevos conflictos en una sociedad cada vez más compleja. El liberalismo en sus inicios y, de manera exacerbada, el neoliberalismo a partir de los años 70, planteaba la burocracia como una limitación al libre comercio: el Estado no debía inmiscuirse en el mercado. Su presencia, aunque necesaria, según afirmaban, debía ser muy reducida y limitada a unas pocas funciones.
La primacía del mercado a partir de los años 70 abocó a los gobiernos de la mayoría de países occidentales a oleadas de privatizaciones durante las décadas siguientes. En consecuencia, el sector público fue reduciéndose paulatinamente. Bajo el credo del libre mercado se criticó la burocracia y se desmontó el aparato estatal. La realidad, hijo, es que a lo que aspiran los neoliberales es lo mismo a lo que han aspirado siempre: una clase empresarial reducida, extasiada por la locura de la producción infinita, que dirige las empresas y obtiene todos los beneficios y, por debajo, una gran masa de trabajadores manuales abocados a la rutinización y la miseria. En sus planes no cuadraba una organización estatal burocrática, capaz de aglutinar a diplomados y licenciados de clases medias y bajas y dotarlos de una función técnica o directiva. La administración pública no solo se inmiscuía en las cuestiones que, según ellos, debían resolverse en el mercado, sino que, además, creaba aspiraciones de movilidad social entre los pobres, incentivando que estudiaran y se liberaran de las cadenas que los mantenían sujetos a las cadenas de montaje. Y si nadie quería trabajar en las fábricas ¿Cómo iban a seguir incrementando sus beneficios?
El objetivo era desmontar la organización burocrática estatal, así que empezaron por la clase funcionarial que la sustentaba. Para ello, profundizaron en la privatización y elitización de las universidades que eran la principal fábrica de funcionarios. Fue entonces cuando los gobernantes neoliberales de la Unión Europea idearon el Plan Bolonia.

Sí, he oído hablar de eso. ¿Era una reforma educativa universitaria, no?

Exacto. Fue el siguiente paso en su empeño por privatizar la universidad y restringir su acceso a una pequeña élite de privilegiados. Recuerdo que en mi etapa universitaria participé en las pruebas piloto que establecía el Plan Bolonia. Por aquél entonces, la mayoría de estudiantes no sabía exactamente en que consistía la reforma. La mayor parte de ellos pensaba que se trataba, tan solo, de un cambio en el modelo de enseñanza, que primaba el trabajo de los estudiantes mediante seminarios y prácticas, en detrimento del antiguo sistema basado en clases magistrales y examen final. Era mucho más que eso. Y como suele suceder, los objetivos que más importaban a los que diseñaron el Plan eran los menos explícitos.
El Plan Bolonia eliminó los dos tipos de titulación existentes, las diplomaturas (180 créditos) y las licenciaturas (300 créditos) para establecer un único tipo de titulación llamado grado. La ventaja de este nuevo sistema era la homologación de los títulos a nivel europeo. Como los contenidos se marcaban desde comisiones europeas de educación, eran homogéneos a todos los países miembros. Con esta medida, se evitaban problemas de incompatibilidad para ejercer carrera profesional en cualquier Estado miembro. Esta medida era, sin duda, beneficiosa pues incentivaba la movilidad laboral dentro de Europa. Sin embargo, no era más que un caramelo, un velo que pretendía ocultar el perverso objetivo final del Plan: “elitizar” y privatizar la educación superior.
El Plan Bolonia introdujo el nuevo modelo educativo basado en las clases prácticas y los seminarios. En parte, este nuevo sistema también era positivo, pues preveía una mayor implicación del estudiante y un mayor control de los conocimientos que iba adquiriendo. Por el contrario, el modo en que se implementó fue muy perjudicial para aquellos estudiantes que debían de combinar su actividad académica con la laboral (es decir, los estudiantes con menos recursos). La sobrecarga de prácticas y seminarios y las pautas y los tempos de entrega de los mismos obligaron a los estudiantes que trabajaban a elegir entre seguir estudiando o seguir trabajando. Y aunque la primera opción era la que muchos preferían, las circunstancias les obligaban, en la mayoría de los casos, a optar por la segunda. Así es como se profundizó en la elitización de la educación superior.
El segundo contra tenía que ver con la propia naturaleza de la titulación. El grado tiene un peso similar en créditos (200 créditos) al que tenían las antiguas diplomaturas y, por tanto, mucho menor que las licenciaturas. Al convertirse el grado en la única titulación subvencionada por el Estado se produjo, irremisiblemente, una precarización de la educación superior. Esos 100 créditos que el Estado se ahorró permitieron a las empresas privadas de educación ampliar su oferta de másters y postgrados. La especialización académica se hizo necesaria para ser competitivos en un mercado laboral cada vez más complejo. Y ahí está el quid de la cuestión. Al ir reduciéndose la demanda funcionarial de trabajo por el progresivo derrumbe del Estado burócrata, el mercado laboral pasó a estar dominado, casi en su totalidad, por empresas privadas. Éstas, bajo el supuesto de la búsqueda de la máxima eficiencia y productividad, imponían sus propios criterios de selección del capital humano. Para competir por un puesto directivo el grado se quedaba corto. Era necesario especializarse mediante complementos de formación, másters, postgrados, idiomas, etc. para ser competitivo. Pero tras la implantación del Plan Bolonia, ser competitivo, se hizo especialmente difícil para un sector de la población: aquéllos que no podían costearse másters y postgrados no subvencionados por el Estado. Lo único que podían hacer era mantenerse en puestos mediocres en las empresas privadas, o volver a la cadena de montaje de la que, según los privilegiados, nunca debieron de haber salido. Privatizando la educación superior, así es como eliminaron, definitivamente, las aspiraciones de movilidad social de las clases bajas. Y lo hicieron progresivamente, para no levantar ampollas en la opinión pública, a lo largo de más de 50 años.

Pero... ¿Cómo es posible que la gente no reaccionara? ¿No hicieron nada?

Algunos sí, pero éramos pocos. Los privilegiados sabían que el contexto les favorecía. Durante años se dedicaron a desmovilizar a la opinión pública y a someterla a través de los medios. La apatía política y la desinformación de los ciudadanos les permitieron actuar con total libertad y ejecutar sus perversas reformas sin generar fuertes reacciones. Con los grupos de oposición sometidos, y los ciudadanos desinformados pudieron culminar su plan.

Y así llegamos a donde estamos ahora

Exacto. Hace treinta años que se implantó el Plan Bolonia. Tras estas tres décadas se ha perdido la percepción de la universidad como medio de movilidad social ascendente. El grado no garantiza que se vaya a obtener un empleo más cómodo o mejor remunerado, sino todo lo contrario, en la mayoría de los casos supone una pérdida de tiempo y dinero, pues al final, aquéllos que no pueden permitirse la especialización (que alcanza ya cifras de centenares de miles de euros), acaban desempeñando cargos para los que están sobrecualificados. Las aulas se han ido vaciando a lo largo de estos años. Por este motivo, surgió hace poco más de un lustro, el debate sobre si era necesario mantener el grado con subvención estatal. El mes pasado se abolió, finalmente, la educación superior pública y se instó a todos aquéllos jóvenes que quisieran continuar sus estudios tras el bachillerato, a hacerlo en instituciones privadas.
Antes me has preguntado porque no ibas a poder ir a la universidad. Por eso hijo, porque tu formas parte de la primera generación sin educación superior pública. Yo no tengo los recursos necesarios para poder pagarte una carrera en una universidad privada. Sin embargo, si tengo algo mucho más importante: la voluntad. Con la voluntad se pueden mover montañas, hijo. Yo te enseñaré todo lo que sé, te mostraré dónde debes buscar y te dotaré de los instrumentos que necesitas para comprender el mundo que te rodea. No puedo garantizarte un empleo cómodo y bien remunerado. Lo único que puedo garantizarte es la libertad que nos da el conocimiento.