14 de abril, preguntas pendientes

Hoy, 14 de abril de 2008, hace 77 años que se proclamó la II República española. Hoy, sería fiesta nacional si la insurrección franquista no hubiera truncado el proyecto político más avanzado de la historia de España. Hoy, más de siete décadas después del estallido de la Guerra Civil, algunos de los conflictos que dividieron la sociedad española en dos bandos (las dos Españas), siguen vigentes.
La transición a la democracia pretendió ser un punto de inflexión en la historia de España. Al menos así es como nos la han vendido: como un proceso de reconciliación de la sociedad española. La piedra angular de la transición fue el consenso de todas las fuerzas políticas, el requisito mínimo para garantizar un cambio de régimen estable. Sin embargo, algunos de los debates que deberían haber sido trasladados a la sociedad civil fueron decididos unilateralmente por la élite política. La consecuencia ha sido que la estructura del sistema político español ha quedado irresuelta, y muchos de los problemas tradicionales siguen formando parte de la agenda. Así pues, las incongruencias del proceso de transición fueron básicamente dos:

1. El nuevo sistema se construyó sobre los cimientos de un régimen carente de libertad, que llegó al poder aplastando la libre voluntad ciudadana expresada en las urnas.

2. La transición a la democracia se hizo desde arriba, con lo cual, la élite franquista pudo negociar el nuevo sistema político desde una posición de fuerza de modo que se garantizara la continuidad de algunos de sus privilegios.

De estos dos hechos causales se derivan dos de los grandes problemas estructurales del actual sistema político español:

1. El déficit democrático que genera el hecho de no haber podido decidir directamente que forma de gobierno queremos.

2. El ineficiente sistema de organización territorial del Estado: semifederal en el papel y centralista en la praxis.

Respecto al primer problema, muchos monárquicos convencidos y agnósticos juancarlistas profetas del “mejor malo conocido que bueno por conocer”, afirman que no existe tal déficit, que los españoles decidieron la forma de gobierno al votar afirmativamente en el referéndum constitucional de 1978. Sin embargo, eso no fue más que un falso trueque, una jugada sucia de los conductores de la transición, que nos dieron duros a cuatro pesetas. La lógica fue impositiva: si queréis un sistema democrático, con reconocimiento de derechos y libertades, deberéis aceptar la monarquía como forma de gobierno. Si no queréis monarquía, tampoco tendréis democracia. La vía a escoger ante tal disyuntiva parecía bastante clara, más cuando partidos de todos los colores se encargaron de advertir las nefastas consecuencias que podía tener para el cambio de régimen un atisbo de disensión. Por tanto, con más o menos reticencias, la España “democrática” se instauró como Reino con el voto afirmativo del 87% de los españoles. Para nada se tuvo en cuenta que la España pre-franquista fuera republicana por voluntad popular; ni que la nueva democracia, para ser legítima, debía de contar con la opinión de la ciudadanía en temas tan trascendentales como la forma de gobierno.
Aunque, como he dicho, este es uno de los problemas más evidentes de la incompleta democracia española, en la actualidad, ha desaparecido del debate público. De ello se ha encargado, por un lado, la historia: el 23-F reforzó la posición de la Corona bajo la figura del rey Juan Carlos I (no entraré aquí en teorías conspirativas acerca de ese tema); y, por otro lado, los medios. Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental (nunca neutral) en la opinión que los españoles tienen sobre la Corona. La prensa generalista ha exaltado las funciones políticas de los Reyes: su “excelente” trabajo como representantes de España en el exterior, su importancia como icono de la unidad española y su relevante papel en la estabilidad del sistema democrático. Sin embargo, la mayor parte del mérito es cosa de la prensa del corazón. Resultaría difícil calcular cuantos apoyos se ha ganado la monarquía a través de las revistas ¡HOLA!, Pronto o Semana bajo los secadores de pelo de las peluquerías o en las salas de espera de las clínicas dentales, pero es evidente que no han sido pocos. 30 años bombardeándonos con el buen hacer político y personal de la Familia Real han surtido efecto y han provocado que el debate sobre la forma de gobierno desaparezca de la agenda pública. En esta situación, si consiguiéramos convocar un referéndum sobre la forma de gobierno, es muy probable que viéramos una aplastante mayoría a favor de la monarquía. Desgraciadamente, este país sigue rigiéndose por la premisa de “nazca mi hijo varón, aunque sea ladrón”, es decir, aquí lo único que importa es si el Rey es o no es campechano, y no tanto si es válido o no para ejercer sus funciones. Todo el debate queda reducido a una cuestión de empatía y no de razonamiento crítico sobre la idoneidad de cada forma de gobierno.
El segundo problema, la organización territorial del Estado, es, por el contrario, uno de los debates que siguen formando parte de la agenda política actual. Durante la transición, tras 40 años de dictadura franquista con una organización territorial centralista, ciertos sectores se mostraron reticentes a delegar competencias hacia nuevas entidades territoriales autónomas. Todo ello, alegando los viejos fantasmas del cantonalismo y la máxima de Calvo Sotelo “España antes roja que rota”. Del conflicto entre centralistas y federalistas, surgió un nuevo modelo, un híbrido, al que se denominó Estado de las Autonomías. Este nuevo sistema de descentralización vertical del poder pretendía resolver el conflicto con las “nacionalidades” históricas mediante la delegación de competencias y, a su vez, crear un modo de organización política más eficiente. No obstante, los respectivos Gobiernos democráticos han sido reacios a avanzar hacía el federalismo y se han aferrado al centralismo con cierto grado de dirigismo administrativo. Y el conflicto no es solo competencial, sino también de reconocimiento de autonomía real. Mientras el tirón electoral de unos y otros siga basándose en su posicionamiento respecto al cleavage centralismo/federalismo el tema seguirá en primera línea de debate, evidenciando la débil e irresuelta estructura del sistema político español.
A menudo se acusa a los republicanos de vivir anclados en el pasado, en el recuerdo idealizado de un proyecto político que tenía más vicios que virtudes. Es cierto (al menos en parte) que la experiencia republicana fue un desastre en muchos aspectos: el cantonalismo, la polarización y la radicalización política, la inestabilidad de los ejecutivos y otras hierbas. Sin embargo, esto no enturbia los aspectos positivos del proyecto político de la II República que elevó a España como uno de los países más modernos de Europa en cuanto a sistema educativo, sufragio universal masculino y femenino, constitucionalización de derechos político-sociales o protección social. La idealización de aquel sistema es fruto del anhelo frustrado de recuperar todos estos elementos positivos que la dictadura franquista prohibió durante 40 años. El problema es que en la actualidad se tacha de utópico e idealista a aquél que defiende la República como forma de gobierno y el federalismo como modo de organización territorial del Estado. Quizá si España asumiera estos dos principios y se organizara como una república federal, quedarían resueltos los dos conflictos históricos que han impedido que su estructura política quede totalmente definida. Si hasta ahora no se han econtrando soluciones es porque ni siquiera se han planteado las cuestiones pertinentes. Se ha optado por enterrar un debate que es clave para el buen funcionamiento de la democracia. Y así estamos, carentes de respuestas y con preguntas pendientes.

Feliz fiesta nacional usurpada

En un país donde los ciegos gobiernan a los tuertos,
mi frase preferida es: “Españoles… Franco ha muerto”.
Muerto y no va a volver; que vuelva si puede
y nos devuelva los 40 años que nos debe.

Juaninacka. España, Sevilla y yo. Luces de neon.