jueves, 6 de marzo de 2008

2040, conversaciones con mi hijo

Papá, ¿es cierto que no podré ir a la universidad cuando acabe el bachillerato?

Ven hijo, siéntate, te voy a explicar una historia...

Hubo un tiempo en el que casi todos los jóvenes podíamos acceder a la universidad. El único requisito era superar una prueba de nivel a la que llamaban "selectividad" y pagar cada año una matrícula. El gasto de un curso académico, sumando matrícula, material didáctico y transporte, aunque suponía algo más de un mes de sueldo de un trabajador medio, era asequible para la mayoría de nosotros. Eran buenos tiempos aquellos: cualquier chico o chica, independientemente de su nivel de renta familiar, podía acceder a la educación superior, a excepción de algún caso extremo.

¿Por qué era tan bueno que la universidad fuese pública?

Mira hijo, en una sociedad clasista como la nuestra, la educación es el único medio de movilidad social del que disponemos los que estamos en la base del sistema. La extensión de la democracia trajo consigo un valor muy temido por algunos y venerado por otros: la igualdad. En un principio se planteó como igualdad ante la ley. Sus defensores, pronto se percataron de que para hacerla efectiva, debía complementarse con la igualdad de oportunidades. Así es como se universalizó la educación desde la segunda mitad del siglo XX. La idea era simple: los ciudadanos debían tener un nivel de educación suficiente para participar en el juego democrático, es decir, entender los mecanismos de elección de sus representantes y ser capaces de interpretar la información política que reciben.

La idea es perfecta ¿Dónde está el problema?

El problema es cuantitativo ¿Qué nivel de educación deben alcanzar los ciudadanos? ¿Debe permitirse que accedan libremente a la educación superior subvencionados? El Estado como gestor de recursos escasos siempre pone límites. Se acordó que la educación básica fuera obligatoria y gratuita, es decir, totalmente subvencionada. La educación superior se subvencionaría en una determinada proporción. En el tiempo en el que yo estudié esa proporción era el 60%.

Y… ¿Qué pasó para que todo eso cambiara?

Todo fue un proceso gradual, hijo. Los cambios drásticos provocan una fuerte reacción de oposición en la gente, especialmente si lo que se quiere cambiar es un sistema de amplia aceptación social. Bien, sigamos.
Ante estas facilidades los jóvenes empezaron a acceder a la universidad en masa. Esto planteaba un problema para algunos sectores: aquéllos que siempre habían ostentando el monopolio de la cultura y que sabían que la educación en manos de las clases bajas iba a acabar con sus privilegios a través de la movilidad social vertical. El problema es que el acceso a la universidad de las clases bajas cuestionaba su propio sistema de legitimación social.
Al principio la legitimación divina justificaba su posición: unos estaban en la cúspide del sistema y otros en la base porque así lo mandaba Dios. Cuando el racionalismo empezó a acabar con los argumentos divinos, surgieron los ancestrales: sus privilegios quedaban justificados por la tradición, porque “siempre ha sido así”. Por eso, hijo, cuando te encuentres con alguien que se autodefina “conservador” piensa que su ideología se basa en el mantenimiento de algún privilegio heredado.
Como ves, el argumento conservador consiste, igual que el divino, en la fe, en la creencia de que el sistema ha funcionado siempre así, como te dicen los que llegaron antes que tú. Sin embargo, es un argumento mucho más débil porque carece del “miedo” al castigo divino. Pecar pasa a ser algo mucho más mundano, porque lo que se infringe es la ley de los hombres y el castigo no será eterno porque no lo aplica una deidad, sino los simples mortales. Por tanto, los argumentos ancestrales no podían evitar las revoluciones que pretendían cambiar la estructura del sistema y elevar a los que estaban en la base hasta la cúspide. Por eso se hizo necesario recurrir a nuevos mecanismos de legitimación. Así surgió el sistema meritocrático actual.

¿Qué significa meritocrático?

La meritocracia es una forma de gobierno basada en el mérito y la competencia. En nuestra sociedad, el sistema meritocrático no solo se limita a la forma de gobierno, se extiende a toda la estructura social. Si se entiende el mérito como el nivel de educación obtenido, se consigue un argumento poderoso para justificar la posición social. Así, los que están en la cúspide, están allí porque tienen un nivel de conocimientos que les ha permitido desarrollar unas capacidades socialmente valoradas. Para evitar que cualquiera adquiriera esas capacidades libremente, los sistemas burocráticos las articularon en profesiones que sólo podían aprenderse cursando una carrera. Sólo aquellos que habían estudiado una carrera y obtenido el correspondiente título estaban legitimados para desempeñar esas funciones socialmente valoradas que situaban a los individuos en los estratos altos de la estructura social. La universalización de la educación básica y el libre acceso a las universidades públicas iba a acabar con la legitimación meritocrática de la estructura social y, en consecuencia, con los privilegios de los altos estratos.

¿Qué hicieron entonces los privilegiados? ¿Encontraron un nuevo argumento para reestructurar el sistema?

No, hijo. Eso requiere un proceso muy largo que puede durar siglos. Entre una época y otra se da un proceso de transición, de cambio, en el que los impulsores de un nuevo sistema luchan con aquellos que pretenden conservarlo. Lo que hicieron los privilegiados para conservar su condición fue limitar el acceso a la educación de forma progresiva. La necesidad de dotar a los individuos de una educación primaria obligatoria era una idea muy arraigada y de amplia aceptación social. Por ello, resultaba complicado desmontar el sistema educativo desde abajo. Además, como te he dicho antes, los sistemas de democracia representativa y producción capitalista requerían ciertos niveles de educación en los ciudadanos para su supervivencia.
Así pues, lo que importaba a los privilegiados, lo que realmente les preocupaba, era que cualquier ciudadano de a pie pudiera conseguir altos niveles educativos y generar, de ese modo, movilidad social vertical. Por tanto, era necesario atacar el sistema de educación post-obligatoria pública, especialmente, la universidad.

¿Entonces fue cuando privatizaron la universidad?

Si, pero no de la noche a la mañana. Para no provocar grandes reacciones los cambios debían de ser graduales. Y así lo hicieron a lo largo de más de 50 años.
El objetivo final era privatizar las universidades. Para los privilegiados suponía un doble beneficio. En primer lugar, conseguían trasladar la educación universitaria al mercado, con las correspondientes ganancias que esto generaba. Por otro lado, una vez en manos privadas, el acceso a la educación superior podía limitarse fácilmente: aumentando el coste de matrícula hasta hacerlo inalcanzable para las clases bajas. Un plan malévolo que llevaron a cabo sin demasiadas dificultades en un contexto muy favorable en el que gozaron del beneplácito de los gobiernos, enfrascados en políticas de desregulación y privatización y ante la impotencia de los debilitados grupos de presión y protección social. Todo ello tras la crisis económica de la década de los 70, que elevó la ideología neoliberal y el credo del mercado como la única salida posible ante el colapso del sistema anterior.
El proceso gradual de privatización de la universidad se inicio con el establecimiento de una restricción al acceso basada en una prueba cognitiva, es decir, de nivel. A esta prueba se le llamó “Selectividad”, precisamente porque pretendía establecer un filtro, una selección de los más aptos.

Pero papá, no sólo los ricos son aptos. Los pobres podían hacer la prueba y superarla ¿No?

Por supuesto, hijo. Hay pobres más aptos que muchos ricos, afortunadamente la capacidad cognitiva sigue siendo responsabilidad de la madre naturaleza. Lo curioso es que este sistema si funcionaba si se tenía en cuenta otro factor: el progresivo deterioro de la educación obligatoria pública. La educación primaria y secundaria pública fue abandonada a su suerte. Los gobiernos redujeron la inversión en educación y se justificaron a través de la necesidad de aplicar políticas de restricción presupuestaria para salir de la crisis. Con la complicidad de los gobiernos, los poderosos empezaron a meter mano en la educación básica. Crearon escuelas de primaria e institutos de secundaria privados. De este modo, garantizaban que sus hijos crecieran separados de la prole de las clases bajas y recibieran, cheque en mano, una educación más adecuada que la que ofrecían las escuelas públicas. Además, empezó a extenderse la idea de que la educación privada era preferible a la pública, con lo cual quedaban asegurados sus beneficios económicos. Las clases media-baja y baja no tenían, en la mayoría de casos, los recursos para costear una educación básica privada para sus hijos. La única vía era optar por una educación pública cada vez más deteriorada.
Recuerdo que, por aquéllos tiempos, los titulares decían que teníamos la peor educación pública de toda Europa. ¿Ves a donde quiero llegar, hijo? La exclusión de las clases bajas a la educación superior era muy sencilla: si la educación pública en los niveles básicos era deficitaria, se incentivaba la desmotivación que conducía directamente al fracaso y el abandono escolar. Este era el primer filtro que dejaba fuera de las aulas más del 50% de los estudiantes de la educación pública al finalizar la secundaria. El segundo filtro era la selectividad. Superarla suponía un tremendo esfuerzo para los chicos de la educación pública, pues se producía un tremendo desajuste entre los contenidos exigidos y los adquiridos. Aunque consiguieran superar la selectividad, las medias de expediente solían ser bajas. Todo lo contrario pasaba en los niños de colegios privados: aunque ya de por si su nivel educativo solía ser superior, si no conseguían una nota muy buena en la selectividad, se compensaba con sus notas medias de expediente, excesivamente infladas (ya sabes, el que paga es el que manda).
El tercer filtro era la propia carrera universitaria. El desajuste formativo se dejaba sentir especialmente en este estadio. En muchos casos, los estudiantes procedentes de la educación pública básica no alcanzaban el nivel exigido al no estar familiarizados con los procesos de aprendizaje y de estudio, ni con los contenidos que se impartían. Muchos abandonaban la carrera en los primeros dos cursos. Así es como se garantizaba que poco más de un cuarto del total de jóvenes que habían iniciado la educación pública (por lo general, chicos y chicas de clases medias-bajas y bajas) consiguieran su título universitario. La igualdad de oportunidades preconizada desde el Estado murió el día que los gobiernos lanzaron la educación al mercado y la sometieron a sus mecanismos de competición salvaje.

Pero eso no era suficiente ¿Verdad?

No, hijo, no para ellos. Durante años la mayoría de diplomados y licenciados de clases bajas pasaron a engrosar las listas de funcionarios del Estado. Era lógico: la empresa privada no seguía mecanismos igualitarios de acceso, como las oposiciones o los concursos públicos. Los puestos directivos de las empresas privadas estaban reservados a los hijos, primos, sobrinos o hermanos de los altos cargos de las empresas. En la empresa privada el llamado “enchufe” es el mecanismo común de acceso y promoción. Los diplomados y licenciados que venían de la educación pública, reducidos al 25% del total que había iniciado la educación pública básica, tenían dos vías de acceso al mundo laboral. La primera opción era hacerse opositores y luchar por conseguir un puesto en la administración pública. De esta forma tenían la certeza que, salvo excepciones, no entrarían en juego criterios arbitrarios en la selección de los candidatos al puesto. La segunda opción era optar por la empresa privada. Esta opción implicaba mantenerse en puestos bajos y medios en la organización de la empresa pues, como te he dicho, el acceso a los puestos directivos no seguía mecanismos meritocráticos de acceso. Esto daba lugar a la sobrecualificación y el desajuste formativo. Estos diplomados y licenciados desempeñaban, en su mayoría, trabajos para los que se requería una titulación de rango inferior a la suya.
Por tanto, la opción más común era opositar. A la larga esto planteó un problema para los ricos capitalistas: el número de funcionarios fue in crescendo así como las funciones estatales para la resolución de nuevos conflictos en una sociedad cada vez más compleja. El liberalismo en sus inicios y, de manera exacerbada, el neoliberalismo a partir de los años 70, planteaba la burocracia como una limitación al libre comercio: el Estado no debía inmiscuirse en el mercado. Su presencia, aunque necesaria, según afirmaban, debía ser muy reducida y limitada a unas pocas funciones.
La primacía del mercado a partir de los años 70 abocó a los gobiernos de la mayoría de países occidentales a oleadas de privatizaciones durante las décadas siguientes. En consecuencia, el sector público fue reduciéndose paulatinamente. Bajo el credo del libre mercado se criticó la burocracia y se desmontó el aparato estatal. La realidad, hijo, es que a lo que aspiran los neoliberales es lo mismo a lo que han aspirado siempre: una clase empresarial reducida, extasiada por la locura de la producción infinita, que dirige las empresas y obtiene todos los beneficios y, por debajo, una gran masa de trabajadores manuales abocados a la rutinización y la miseria. En sus planes no cuadraba una organización estatal burocrática, capaz de aglutinar a diplomados y licenciados de clases medias y bajas y dotarlos de una función técnica o directiva. La administración pública no solo se inmiscuía en las cuestiones que, según ellos, debían resolverse en el mercado, sino que, además, creaba aspiraciones de movilidad social entre los pobres, incentivando que estudiaran y se liberaran de las cadenas que los mantenían sujetos a las cadenas de montaje. Y si nadie quería trabajar en las fábricas ¿Cómo iban a seguir incrementando sus beneficios?
El objetivo era desmontar la organización burocrática estatal, así que empezaron por la clase funcionarial que la sustentaba. Para ello, profundizaron en la privatización y elitización de las universidades que eran la principal fábrica de funcionarios. Fue entonces cuando los gobernantes neoliberales de la Unión Europea idearon el Plan Bolonia.

Sí, he oído hablar de eso. ¿Era una reforma educativa universitaria, no?

Exacto. Fue el siguiente paso en su empeño por privatizar la universidad y restringir su acceso a una pequeña élite de privilegiados. Recuerdo que en mi etapa universitaria participé en las pruebas piloto que establecía el Plan Bolonia. Por aquél entonces, la mayoría de estudiantes no sabía exactamente en que consistía la reforma. La mayor parte de ellos pensaba que se trataba, tan solo, de un cambio en el modelo de enseñanza, que primaba el trabajo de los estudiantes mediante seminarios y prácticas, en detrimento del antiguo sistema basado en clases magistrales y examen final. Era mucho más que eso. Y como suele suceder, los objetivos que más importaban a los que diseñaron el Plan eran los menos explícitos.
El Plan Bolonia eliminó los dos tipos de titulación existentes, las diplomaturas (180 créditos) y las licenciaturas (300 créditos) para establecer un único tipo de titulación llamado grado. La ventaja de este nuevo sistema era la homologación de los títulos a nivel europeo. Como los contenidos se marcaban desde comisiones europeas de educación, eran homogéneos a todos los países miembros. Con esta medida, se evitaban problemas de incompatibilidad para ejercer carrera profesional en cualquier Estado miembro. Esta medida era, sin duda, beneficiosa pues incentivaba la movilidad laboral dentro de Europa. Sin embargo, no era más que un caramelo, un velo que pretendía ocultar el perverso objetivo final del Plan: “elitizar” y privatizar la educación superior.
El Plan Bolonia introdujo el nuevo modelo educativo basado en las clases prácticas y los seminarios. En parte, este nuevo sistema también era positivo, pues preveía una mayor implicación del estudiante y un mayor control de los conocimientos que iba adquiriendo. Por el contrario, el modo en que se implementó fue muy perjudicial para aquellos estudiantes que debían de combinar su actividad académica con la laboral (es decir, los estudiantes con menos recursos). La sobrecarga de prácticas y seminarios y las pautas y los tempos de entrega de los mismos obligaron a los estudiantes que trabajaban a elegir entre seguir estudiando o seguir trabajando. Y aunque la primera opción era la que muchos preferían, las circunstancias les obligaban, en la mayoría de los casos, a optar por la segunda. Así es como se profundizó en la elitización de la educación superior.
El segundo contra tenía que ver con la propia naturaleza de la titulación. El grado tiene un peso similar en créditos (200 créditos) al que tenían las antiguas diplomaturas y, por tanto, mucho menor que las licenciaturas. Al convertirse el grado en la única titulación subvencionada por el Estado se produjo, irremisiblemente, una precarización de la educación superior. Esos 100 créditos que el Estado se ahorró permitieron a las empresas privadas de educación ampliar su oferta de másters y postgrados. La especialización académica se hizo necesaria para ser competitivos en un mercado laboral cada vez más complejo. Y ahí está el quid de la cuestión. Al ir reduciéndose la demanda funcionarial de trabajo por el progresivo derrumbe del Estado burócrata, el mercado laboral pasó a estar dominado, casi en su totalidad, por empresas privadas. Éstas, bajo el supuesto de la búsqueda de la máxima eficiencia y productividad, imponían sus propios criterios de selección del capital humano. Para competir por un puesto directivo el grado se quedaba corto. Era necesario especializarse mediante complementos de formación, másters, postgrados, idiomas, etc. para ser competitivo. Pero tras la implantación del Plan Bolonia, ser competitivo, se hizo especialmente difícil para un sector de la población: aquéllos que no podían costearse másters y postgrados no subvencionados por el Estado. Lo único que podían hacer era mantenerse en puestos mediocres en las empresas privadas, o volver a la cadena de montaje de la que, según los privilegiados, nunca debieron de haber salido. Privatizando la educación superior, así es como eliminaron, definitivamente, las aspiraciones de movilidad social de las clases bajas. Y lo hicieron progresivamente, para no levantar ampollas en la opinión pública, a lo largo de más de 50 años.

Pero... ¿Cómo es posible que la gente no reaccionara? ¿No hicieron nada?

Algunos sí, pero éramos pocos. Los privilegiados sabían que el contexto les favorecía. Durante años se dedicaron a desmovilizar a la opinión pública y a someterla a través de los medios. La apatía política y la desinformación de los ciudadanos les permitieron actuar con total libertad y ejecutar sus perversas reformas sin generar fuertes reacciones. Con los grupos de oposición sometidos, y los ciudadanos desinformados pudieron culminar su plan.

Y así llegamos a donde estamos ahora

Exacto. Hace treinta años que se implantó el Plan Bolonia. Tras estas tres décadas se ha perdido la percepción de la universidad como medio de movilidad social ascendente. El grado no garantiza que se vaya a obtener un empleo más cómodo o mejor remunerado, sino todo lo contrario, en la mayoría de los casos supone una pérdida de tiempo y dinero, pues al final, aquéllos que no pueden permitirse la especialización (que alcanza ya cifras de centenares de miles de euros), acaban desempeñando cargos para los que están sobrecualificados. Las aulas se han ido vaciando a lo largo de estos años. Por este motivo, surgió hace poco más de un lustro, el debate sobre si era necesario mantener el grado con subvención estatal. El mes pasado se abolió, finalmente, la educación superior pública y se instó a todos aquéllos jóvenes que quisieran continuar sus estudios tras el bachillerato, a hacerlo en instituciones privadas.
Antes me has preguntado porque no ibas a poder ir a la universidad. Por eso hijo, porque tu formas parte de la primera generación sin educación superior pública. Yo no tengo los recursos necesarios para poder pagarte una carrera en una universidad privada. Sin embargo, si tengo algo mucho más importante: la voluntad. Con la voluntad se pueden mover montañas, hijo. Yo te enseñaré todo lo que sé, te mostraré dónde debes buscar y te dotaré de los instrumentos que necesitas para comprender el mundo que te rodea. No puedo garantizarte un empleo cómodo y bien remunerado. Lo único que puedo garantizarte es la libertad que nos da el conocimiento.

4 comentarios:

Toni dijo...

si los que protestan desde hace unos años contra el plan bolonia, en vez de dedicarse a hacer el cafre destrozando los bienes e inmuebles públicos de la universidad e intimidando a sus compañeros, hubiesen escrito cosas como ésta y hubiesen inundado la universidad con ella seguramente la lucha contra el plan arrastraría a muchísimos más companeros universitarios que, incluso estando en contra del mismo, no se manifiestan por rechazo a esa gente radicalizada y que no representa a nadie más que a ellos.

Anónimo dijo...

Gran texto si señor

Anónimo dijo...

T'estimo

Linzhe dijo...

Gran texto. Lo que se está haciendo con la educación es algo que no tiene nombre. Pero lo más grave de todo es ver cómo hay muchísimos jóvenes que pasan del tema, y simplemente les da igual, sólo quieren que les dejen tranquilos con su litrona y sus fiestas en garitos pijos.
El 8 de mayo hay huelga, nos tenemos que hacer oír.
¡Un saludo, y enhorabuena por el blog!